El abrazo del oso
- Por Alejandro Fernández, Director Ejecutivo Fundación Pacto Social. Publicada el 8 de junio de 2022.
Si alguien tenía alguna duda respecto del compromiso de este Gobierno con la opción Apruebo del plebiscito del 4 de septiembre, la reciente campaña “informativa” que lanzó despeja toda duda. Sin embargo, no deja de ser preocupante. No solo por el hecho evidente de haber infringido la ley, sino especialmente, porque demuestra que el Presidente Boric no es consciente del rol que tendrá que jugar su gobierno a partir del 5 de septiembre en caso que gane el Apruebo: la implementación de la nueva Constitución.
Deberá crear nuevos organismos como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional de Agua, y la Agencia Nacional de Protección de Datos, entre muchos otros. Esto requerirá de nuevas leyes y cientos de concursos públicos, licitaciones y contratos de prestación de bienes y servicios.
En el ámbito de justicia, deberá implementar el nuevo Consejo Superior de la Justicia, los tribunales administrativos, tribunales de ejecución de pena, así como los sistemas de justicia indígena para las once naciones que reconoce el texto.
En materia de descentralización, deberá crear Asambleas regionales, el Consejo Social Regional, Consejo de Alcaldes y la Asamblea Social Comunal. Asimismo, la autonomía política, financiera y administrativa de las regiones y comunas dificultarán la aplicación de cualquier política que emane del Gobierno.
En el ámbito de la plurinacionalidad, se establece la restitución de tierras como principal mecanismo de reparación de los pueblos indígenas. Además del alto costo que implica para el Estado ejecutar las expropiaciones, probablemente provoque expectativas en pueblos originarios que actualmente no demandaban restitución de tierras, lo que se puede traducir en mayor conflictividad a lo largo del país. Si a eso sumamos la eliminación del Estado de Emergencia, el Presidente Boric no contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, como sucede actualmente en la macrozona sur.
En salud deberá poner término al sistema de Isapres,lo que significa ingresar al sistema público de salud a más de 3 millones de personas. En educación, el cambio en el modo de financiamiento es probable que produzca un deterioro y progresivo término de la educación particular subvencionada, donde hoy está más de la mitad de la matrícula.
Finalmente, en el ámbito económico, vemos que las nuevas reglas en materia ambiental, lejos de lograr conciliar virtuosamente el desarrollo económico con la protección del medioambiente, nos lleva a un inmovilismo. Además de los derechos de la naturaleza, se incorporan principios ambientales como el “principio precautorio” que impide que se lleven a cabo proyectos aun cuando no haya certeza que provoca daño. Se incorpora un “Estado empresario” en todos los niveles, nacional, regional y comunal, y nuevas reglas laborales que desincentivan la contratación de trabajadores, al fomentar la negociación colectiva por rama o territorio y prohibir gran parte de los límites que actualmente se reconocen a la huelga.
El escenario no se ve muy positivo. Paradojalmente, la nueva Constitución puede ser el fracaso de este Gobierno. Puede ser, un abrazo del oso.
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